La biodiversidad como riqueza común: repensar la gestión del territorio para reconstruir la sociedad

Cuando pensamos en un bosque, un pastizal o una montaña, solemos preguntarnos quién es su propietario: una persona, una empresa o una entidad pública. Pero existe otra forma de entender la propiedad y la gestión del territorio, mucho más antigua, que todavía perdura en distintas zonas de Italia.

Los dominios colectivos y los usos cívicos vinculan determinados territorios no a un único propietario, sino a una comunidad. Bosques y pastos pueden ser utilizados de forma colectiva y transmitirse de generación en generación, manteniendo una función ligada al territorio y a las personas que lo habitan. En Piamonte, por ejemplo, los terrenos sujetos a uso cívico presentan unas características particulares: son bienes vinculados a la colectividad y no pueden gestionarse como una propiedad privada convencional.

En el territorio de la Val Grande, esta cuestión va mucho más allá del ámbito jurídico. En Caprezzo, desde hace años, se debate sobre el papel que pueden desempeñar las propiedades colectivas en la gestión de los recursos naturales y sobre las posibilidades que ofrecen para impulsar modelos de desarrollo y gestión participativa.

Detrás de esta experiencia se plantea una pregunta muy actual: ¿y si la riqueza de un territorio no dependiera únicamente de lo que podemos obtener de él, sino también de lo que somos capaces de conservar y transmitir?

Un territorio no es solo una superficie

Entre el Parque Nacional de Val Grande y la Reserva Natural Especial del Sacro Monte de Ghiffa, la Fundación Capellino apoya actualmente un proyecto destinado a recuperar la continuidad ecológica entre hábitats fragmentados.

El corredor abarca unas 1.400 hectáreas distribuidas entre los municipios de Caprezzo, Cambiasca, Vignone y Arizzano. Las actuaciones se centran en pastos y terrenos agrícolas marginales, humedales para anfibios, cursos de agua, especies invasoras y pequeños hábitats que pueden actuar como puntos de conexión entre las dos áreas protegidas. Los terrenos incluidos en el proyecto son de titularidad pública o forman parte de dominios colectivos gestionados por las comunidades locales.

Este proyecto demuestra que la recuperación de la biodiversidad va mucho más allá de proteger plantas y animales. Detrás de cada territorio hay también propiedades, normas, administraciones, actividades agrícolas, conocimientos y personas que deben decidir cómo se gestionará ese espacio en el futuro.

Por eso, la protección de un territorio no puede plantearse al margen de quienes lo administran, lo utilizan y conocen.

Proteger un lugar significa también crear las condiciones para que alguien pueda seguir cuidándolo.

Cuando la comunidad se convierte en parte de la conservación

A miles de kilómetros de distancia, en el norte de la Columbia Británica, este mismo principio adquiere una dimensión aún más clara.

El territorio de las Naciones Kaska, el Dena Kayeh, abarca algunos de los paisajes más intactos de América del Norte. Allí se encuentra Dene K’éh Kusān, un extenso territorio de bosques, montañas, ríos y hábitats de especies como el caribú y el oso grizzly, que las comunidades kaska buscan proteger mediante la creación de un Área Indígena Protegida y Conservada.

En 2026, Yellowstone to Yukon y los representantes de todas las naciones kaska dieron un paso importante al firmar un memorando de entendimiento para compartir una visión común sobre la conservación y el cuidado del Dena Kayeh, así como para respaldar el proceso de protección de Dene K’éh Kusān.

Se trata de la primera alianza de este tipo que las naciones kaska establecen con una organización ecologista y, según Yellowstone to Yukon, es el resultado de décadas de construcción de confianza y relaciones. El acuerdo se basa en la gobernanza compartida, los valores comunes y el reconocimiento del papel de las comunidades en las decisiones que afectan a sus tierras y aguas.

No se trata simplemente de involucrar a las comunidades locales en un proyecto de conservación decidido en otro lugar. Se trata de reconocer que la relación entre una comunidad y su territorio puede ser, en sí misma, parte de su capacidad para conservarlo.

Una perspectiva que también nos invita a repensar el significado de la palabra «riqueza».

Un bosque tiene, sin duda, valor por la madera que puede producir. Un pastizal puede tener un valor agrícola. Un territorio puede generar turismo y actividad económica. Pero su riqueza también incluye la fertilidad del suelo, el agua, las especies que alberga, los conocimientos acumulados por quienes lo habitan, las relaciones sociales que sustenta y la posibilidad de transmitir todo ello a las generaciones futuras.

Separar estas dimensiones supone correr el riesgo de percibir solo una parte de su valor. Integrarlas significa devolver las decisiones, las responsabilidades y sus consecuencias a la escala del territorio, donde realmente se hacen visibles.

Por eso, restaurar un bosque, un pastizal o un corredor ecológico no significa únicamente reparar un ecosistema degradado.

Significa también reconstruir las relaciones que permiten que ese sistema siga existiendo: entre los distintos hábitats, entre las actividades humanas y los procesos naturales, entre las instituciones y el territorio, entre las personas y las comunidades.

Val Grande y Dena Kayeh son realidades profundamente diferentes. Sin embargo, ambas plantean una misma pregunta: ¿quién velará por aquello que hoy decidimos proteger?

La protección puede surgir de una ley o de un proyecto. Pero, para que sea duradera, debe integrarse en las relaciones que mantienen unido un territorio.

En este sentido, restaurar la naturaleza significa también restaurar la capacidad de una sociedad para reconocer, custodiar y regenerar su propio patrimonio común.